A pregunta complicada, respuesta simple… NO, y no un "no" gratuito sino un "no" vinculado a hechos concretos.
Según la OCDE, el 14% del PIB mundial está depositado en paraísos fiscales. Esto equivale a entre cinco y ocho millones de billones de dólares por lo que los Estados pierden un buen caudal de ingresos necesarios para financiar los servicios públicos.
Tampoco parece que contribuyan a generar verdadera economía productiva, que en realidad es la única capaz de generar riqueza y trabajo.
Si de verdad se quisiera erradicarlos, y sin entrar a formular un juicio de valor que no me corresponde, habría que ejercitar acciones que impliquen tanto a los ciudadanos y las empresas como a los poderes públicos.
Los ciudadanos, en primer lugar, deberían conocer sus existencia y saber, realmente, cómo funcionan y para qué sirven. Así podrían demandar un sistema tributario justo según los literales que figuran en nuestra constitución y, después, elegir una banca comercial que no invierta nuestro dinero de manera que no nos convenza, éticamente hablando. Además, con información de primera mano un ciudadano podría, por ejemplo, decidir si quiere invertir en acciones de alguna conocida empresa española..., sabiendo que utiliza los paraísos fiscales para no tributar en España.
La justicia es el conjunto de las normas que definen en qué tipo de civilización queremos vivir.
Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Por otro lado, los poderes públicos deberían plantearse acciones verdaderamente encaminadas a eliminar el secreto bancario e impulsar la creación de instrumentos jurídicos internacionales apara exigir a estos territorios que revelen la identidad de los titulares de las cuentas bancarias, permitan su bloqueo y faciliten información sobre los titulares de las sociedades pantalla para así, aplicar una imposición fiscal a las corporaciones transnacionales sobre base unitaria y conseguir así la aplicación universal del principio de residencia para la fiscalidad empresarial. Ahora bien, en cuanto a la erradicación de los paraísos fiscales sobran los motivos para ser escépticos.
En las reuniones del G-20 se ha hablado de controlar la actividad de los paraísos fiscales pero este interés no tiene nada que ver con la ética sino con la necesidad de rescatar al sistema financiero: tras cinco años de crisis, los Estados han hecho el mayor esfuerzo económico de la historia apoyando a entidades financieras, aportando dinero para reflotar el tejido productivo y tratando de mantener así las prestaciones del estado del bienestar.
Ello ya está suponiendo un aumento de la presión fiscal… Y no hay que olvidar que el dinero que está o pasa por los paraísos fiscales no tributa. En línea con lo dicho anteriormente, de buscar recursos a cualquier precio, en 2008 se aprobó un Real Decreto que permite a los residentes en los paraísos fiscales adquirir deuda pública española, sin retención fiscal y, gracias a otro, es posible la no declaración de la identidad de los compradores de deuda pública española, así como su país de origen y el importe de las rentabilidades.
Por último, no deja de sorprender que el Banco Europeo de Inversiones, cuyos socios son los estados miembros de la UE, conceda créditos para proyectos en países en desarrollo a bancos y entidades que utilizan paraísos fiscales, como Isla Mauricio…
¿Hasta qué punto se puede, entonces, pedir a los ciudadanos que soporten el terrible aumento de costes de los servicios básicos o de la presión fiscal, si con esos mismos ingresos se financian proyectos de expansión de las empresas españolas o europeas que además de producir esos servicios básicos, escapan a la tributación…?
¿No estaremos tensando la cuerda demasiado…?
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