El 'copago judicial' a los particulares

Esta medida sin duda tiene un efecto "disuasorio" en el ciudadano ya que, las tasas serán en muchas ocasiones superiores al importe de la multa contra la que se reclama, lo que llevará al afectado a no presentar la demanda. El Partido Popular ha presentado en el Congreso el Proyecto de Ley que extiende el pago de tasas judiciales a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos y, quiere que la ley esté en vigor el 21 de noviembre, como fecha tope.

Se trata ni más ni menos que un aumento de las tasas judiciales, un 'copago' judicial, por ejemplo, aquel que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que considere injusta, a través del correspondiente pleito contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.350 euros en caso de llegar hasta el Tribunal Supremo.

Otro ejemplo, el de un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, sin sumar, lo que le cobre el abogado y el procurador. Una situación que seguramente favorezca notablemente a la empresa.

Hasta la fecha, las tasas sólo se cobraban en los órdenes civil y contencioso y únicamente a empresas o personas jurídicas de una cierta entidad.

El Ministerio de Justicia, justifica la medida en la necesidad de asegurar, con el dinero recaudado, el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. También, con la medida intenta impedir los abusos derivados de la gratuidad de la acción de litigar.

Sólo quedarán exentos del pago las personas con derecho a justicia gratuita, porque su unidad familiar tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 15.960 euros.

Esta medida sin duda tiene un efecto "disuasorio" en el ciudadano a la hora de recurrir y un afán intencionadamente recaudatorio a costa de los derechos de los ciudadanos que gracias a otras de las medidas del actual gobierno se están viendo vulnerados.

Por tanto, afecta al derecho fundamental del ciudadano a reclamar y recurrir a la justicia, al limitar el acceso a la misma. Además, en casos como el de las multas de tráfico o de reclamaciones de consumo, la cuantía de la tasa será en muchas ocasiones superior al importe de la multa contra la que se reclama, lo que llevará al afectado a no presentar la demanda.

Estas son las tasas judiciales actuales y las que se plantean aprobar con esta medida.

Fuente: Publico.es